José Aureliano Martín Segura, nacido en Dílar (Granada) en 1957, es Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la UNED.
Técnico del Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social, por oposición libre, ha desempeñado durante los últimos años diversas funciones en el seno de la Administración Pública y, en la actualidad, es responsable de los servicios jurídicos del sindicato CCOO en Ceuta. Como docente, es profesor asociado de Economía de la Empresa en la Escuela de Ingeniería Técnica de Gestión de Ceuta (Universidad de Granada) y, también, es profesor tutor de Econometría en el centro asociado de la UNED de Ceuta. |
|
|
|
La Mano Invisible
Ceuta, 7 de enero de 2008
BLOGS
La renta perpetua
José Aureliano Martín Segura
La pasada semana se nos informaba de que en ésta se podría conocer la fecha en que un alto cargo del Ministerio de Educación y Ciencia se desplazaría a Ceuta. El alto cargo en cuestión sería el Director General de Universidades, que vendría, al parecer, para abordar el tema del campus universitario que se situará en el antiguo acuartelamiento del Teniente Ruiz. Eso sí, sólo vendrá cuando se entreviste con el señor de la Encina, que es el diputado ceutí que vive en Cádiz, y que el partido socialista ha nombrado presidente de la comisión delegada que se encarga de 'recomponer' la izquierda socialista en la ciudad. ¡Todo un notición!. En las calles de Ceuta, en los mercados, en los bares, y hasta en los barcos, no se habla de otra cosa. Lo del campus universitario, igual que lo del palacio de justicia, o lo del hospital público de Ceuta, son temas viejos, a los que periódicamente recurren los políticos de uno y otro signo para hacernos creer a los ciudadanos que siguen trabajando por nosotros. Los utilizan siempre como señuelo electoral. Sin embargo, cuando se vota, los expedientes administrativos se vuelven a perder entre montones de papeles. Siempre hay algún pero, algún informe que falta, alguna fortificación antigua a proteger, algún concurso público que se retrasa. Mientras tanto, la sanidad se sigue desenvolviendo en condiciones tercermundistas, la justicia entre montones de expedientes y viejos calderos para recoger el agua de las goteras, y la Universidad en unas instalaciones manifiestamente mejorables. El problema principal que tienen las autoridades académicas de Madrid y Granada, según nos cuentan, es que no ven claro que se dé una concesión administrativa a la empresa adjudicataria de la obra para explotar a largo plazo los servicios que no sean educativos, ni qué organismo va a ser el propietario legal de la obra. Es decir, que ahora no se ve con buenos ojos la 'mercantilización' de la educación. Yo tampoco. Pero mucho me temo que no es ésta la cuestión, sino que de lo que se trata es de seguir 'mareando la perdiz' hasta que pasen las elecciones, para así arañar unos cuentos votos. Mezquinos. Recuerdo que en cierta ocasión se nos planteó en un organismo público la necesidad de reformar un magnífico salón de actos, que era de vital importancia para el desarrollo de actividades en el centro. Pero no había dinero, pues el señor Chaves se lo había gastado casi todo en la Expo'92. Entonces, a alguien se le ocurrió la idea de intentar convencer a la empresa concesionaria de unos puestos de prensa y flores, de que capitalizara en un solo pago el canon que iba a abonar mensualmente por dichas concesiones, mediante la fórmula financiera de la renta perpetua, que era más ventajosa para la Administración, y éste valor lo empleara en la reforma del salón de actos. Y efectivamente así se hizo. El salón se restauró, y hoy se utiliza para innumerables actividades de la institución. Y además, no ha pasado a manos privadas, y la empresa que lo financió dispone de una serie de locales comerciales complementarios a la actividad pública que, además, dan trabajo a unas cuantas decenas de jóvenes minusválidos. Estas fórmulas se utilizan, por ejemplo, para hacer aparcamientos públicos, o para hacer autovías. Y se contemplan en la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. Son perfectamente legales y permiten que el Estado pueda acometer determinadas obras públicas, necesarias para los ciudadanos, a cambio de una concesión administrativa para explotar algunos servicios en el futuro, durante un tiempo determinado, sin engrosar artificialmente las cifras presupuestarias. En el caso del campus universitario de Ceuta, si la obra vale 18 millones de euros, las cuentas saldrían, según mis cálculos, si a la empresa constructora se le adjudicaran concesiones administrativas por valor de un millón de euros anuales (¿las habría?), siempre que su importe se capitalizara al 6%, y el tiempo de la concesión se negociara adecuadamente. Pues bien, si el Estado no tiene que financiar nada de ésta obra y el procedimiento que se va a emplear para construir el campus es el descrito anteriormente, entonces no veo las razones para demorar el comienzo. Salvo que haya algo más, de lo que no se nos quiera informar.
El autor del weblog es el único responsable de su contenido ya que este website no interviene en forma alguna en su redacción.
|