Contrariamente a lo esperado, junto a la globalización y ampliación del comercio internacional no ha ido de la mano la extensión de los derechos laborales a todos los trabajadores. La multiplicación de colectivos a nivel internacional que carecen de derechos, o que se les somete a una precarización en sus relaciones laborales insoportable, es un hecho cada vez más palpable. La competencia económica feroz desatada a nivel internacional está ocasionando, también, un retroceso tremendo en los derechos laborales de los países más desarrollados. Cuestiones como la jornada laboral, la estabilidad en el puesto de trabajo o los salarios dignos, que parecían derechos consolidados, cada vez más, son objeto de ataques y de reformas, con el único objetivo de aumentar el beneficio de las empresas.

En medio de esta vorágine los sindicatos, a veces, se sienten incapaces de atender a aquellos colectivos de personas más desfavorecidas, pues las normas y situaciones diversas lo impiden. Colectivos como el de los inmigrantes ilegales, sin derechos, y que en ocasiones favorecen la bajada de los salarios del resto de trabajadores, pero que genera beneficio a muchas empresas y empresarios. Jóvenes con empleos precarios y sueldos miserables que no pueden independizarse por no tener medios económicos para pagar una vivienda. Ya no se habla de los “mileuristas”. Ahora se trata de los “seiscientoseuristas”.  Trabajadores autónomos que en realidad realizan trabajos por cuenta ajena, pero en condiciones de auténtica explotación, salarial, de seguridad y de horario. Trabajadores que son despedidos en edades avanzadas y sin posibilidades de ser recolocados. Mujeres que se les pagan sueldos inferiores a los de los hombres, con la excusa de que realizan trabajos de inferior categoría. Trabajadores a los que se les formalizan múltiples contratos temporales y a tiempo parcial, para que no puedan tener los derechos de los trabajadores fijos y para que realicen jornadas laborales agotadoras y por encima de la legalmente establecida. Trabajadores a los que se les subcontrata una y otra vez, en condiciones cada vez más precarias. Sociedades ficticias que se crean y desaparecen para no pagar las indemnizaciones y los salarios a los trabajadores.

Estos y otros problemas similares son a los que se enfrenta el derecho laboral y el sindicalismo. Un derecho laboral cada vez más cuestionado por amplios sectores del empresariado y la política, al que se le culpabiliza de la falta de flexibilidad y competitividad de la economía. Una normativa que cada vez más desprotege en lugar de proteger y que cada vez más tiende a su desaparición y a su conversión en un derecho entre particulares, olvidando que en las relaciones entre empresario y trabajador nunca puede haber igualdad de armas, pues el primero impone las condiciones al segundo.

Y también un sindicalismo al que se le ataca desde diversos sectores. Desde algunos colectivos de trabajadores, los más desfavorecidos, acusándole de defender exclusivamente a los sectores de empleo estable, con mayores y mejores condiciones laborales. Y desde otros ámbitos ciudadanos, al propagarse la falsa idea de que el sindicalismo impide el crecimiento económico al imponer a las empresas condiciones imposibles de cumplir en muchos casos.

Intereses contrapuestos y nuevas situaciones que el sindicalismo debe abordar. Problemas como los derivados de la conservación del medio ambiente, los del crecimiento sostenible, la deslocalización de empresas, los de la dependencia, los del coste del mantenimiento del estado del bienestar, los de la inmigración, el trabajo ilegal de los niños, la extensión de los derechos laborales a todos los trabajadores. Problemas nuevos y algunos viejos, que no son más que la expresión de un mundo en el que siguen existiendo una distribución injusta de la riqueza.

Pero el papel de los sindicatos en el desarrollo económico de la sociedad y en la defensa de los más desfavorecidos, en mi opinión, sigue siendo esencial. Para el desarrollo económico, porque difícilmente se consigue éste si los países no avanzan en la consolidación de la democracia y, por tanto, se permite la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, a través de los sindicatos en el ámbito socioeconómico y laboral, y a través de los partidos políticos y otros colectivos sociales en el resto de asuntos. Para la defensa de los más desfavorecidos, porque, a pesar de que cada vez existen más legislaciones en los países avanzados que garantizan los derechos sociales, dichas legislaciones no habrían sido posibles de no ser por el trabajo y la reivindicación continua de las organizaciones sindicales. Pero también porque, a pesar de los avances económicos, como antes decíamos, cada vez surgen más colectivos discriminados y situaciones injustas que deben ser atendidas por los sindicatos.

En el mundo desarrollado y democrático actual existen, fundamentalmente, dos visiones distintas. Una más liberal y defensora a ultranza del libre mercado, como la americana. Con sus virtudes, pero también con un problema importantísimo que se esconde detrás de su imparable crecimiento del PIB, como es que la mayor parte de sus ciudadanos cada vez esté peor, en palabras del premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, y en la que los sindicatos ejercen un papel residual. Y otra menos liberal y más defensora de los derechos humanos y sociales, como la europea, en la que los sindicatos siguen teniendo un protagonismo importante y donde el sistema de protección social es más avanzado.

Como dice Stiglitz, en el mundo actual hay muchas cosas que no funcionan bien, pero otro mundo es posible. Con una mejor distribución de la riqueza, con un desarrollo sostenible y con una mayor cobertura de los derechos laborales por parte de todos los trabajadores. Todo esto no tiene por qué ser incompatible con el crecimiento económico. Y en esta labor, el papel de los sindicatos sigue siendo esencial. Profundizar y reflexionar en estos problemas es la tarea que se debe abordar desde los sindicatos para redefinir su papel en el mundo globalizado.