José Aureliano Martín Segura, nacido en Dílar (Granada) en 1957, es Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la UNED.

Técnico del Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social, por oposición libre, ha desempeñado durante los últimos años diversas funciones en el seno de la Administración Pública y, en la actualidad, es responsable de los servicios jurídicos del sindicato CCOO en Ceuta.

Como docente, es profesor asociado de Economía de la Empresa en la Escuela de Ingeniería Técnica de Gestión de Ceuta (Universidad de Granada) y, también, es profesor tutor de Econometría en el centro asociado de la UNED de Ceuta.








La Mano Invisible
Ceuta, 19 de marzo de 2007
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Sobre la evolución de la delincuencia en Ceuta
José Aureliano Martín Segura


El pasado 23 de febrero de 2007 el delegado del Gobierno en Ceuta, Jenaro García Arreciado, dio los datos sobre criminalidad en nuestra ciudad del último año, destacando que había bajado un 7% respecto al año anterior, aunque seguía siendo 20 puntos superior a la media nacional, que atribuyó, en parte, a la existencia de una “gran población flotante”, de entre 20 y 25.000 personas, circunstancia que elevaba la tasa, según el delegado, entre un 30 y un 35% más.

El primer mensaje que pretende transmitirnos es que gracias a su gestión la delincuencia en Ceuta se está disminuyendo. Nada más lejos de la realidad. Hoy mismo, domingo 18 de marzo de 2007 se da una noticia en el diario El Faro de Ceuta, en la que se informa del tremendo problema de seguridad que tenemos en zona portuaria, junto a las sensibles conducciones de petróleo de Atlas. Pero además, los datos de la realidad nacional nos ilustran de algo bien distinto. Veamos.

En el informe 2005 sobre la delincuencia en nuestro país, realizado por el Observatorio de la Delincuencia en Andalucía, se indica que en cifras absolutas de delitos y faltas conocidos en 2004, las Comunidades de mayor nivel delictivo fueron, por este orden, Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña, y las de menos, La Rioja, Navarra y Cantabria. Pero en términos relativos, es decir en tasas por mil habitantes, las de más nivel serían Melilla, Baleares, Ceuta, Madrid y Valencia, y las de menos densidad delictiva, Castilla-La Mancha, Navarra y Extremadura. Y estos datos se mantienen así desde el año 1997 y se confirman para el año 2005, según el anuario estadístico de 2005 del Ministerio del Interior español.

Descendiendo a un mayor nivel de detalle, y con los datos del propio Ministerio del Interior, tenemos que en tasas totales de delitos y faltas, en el año 2005 Ceuta se situaba en 730,78 por 10.000 habitantes (29 puntos por encima de la media nacional), siendo superada sólo por Melilla, con 780,30 y Baleares con 807.18, por lo que, efectivamente se redujo la tasa de criminalidad total en un 7% aproximadamente, pero esta tendencia decreciente también se ha dado en la mayoría de Comunidades desde el año 2002, también a nivel nacional, donde la tasa pasó de 247,7 delitos por 10.000 habitantes a 211 en 2005. Es decir, que nuestra tendencia a la baja es similar a la del resto de Comunidades, y además comienza en el año 2002, dos años antes de que el partido socialista empezara a gobernar nuevamente.

El segundo mensaje, y este si que es peligroso, es que nuestra mayor tasa de delincuencia se debe a las aproximadamente 25.000 personas que cruzan la frontera a diario, pues, según el delegado, esto hace subir la tasa de los delitos y faltas de nuestra ciudad un 35% más. No sé de dónde saca estas cifras, pero supongo que sus asesores habrán hecho la siguiente regla de tres: si 25.000 personas son el 35% de la población total de Ceuta, entonces, también deben ser los responsables del 35% de los delitos y faltas que se cometen. Toda una lección de inferencia estadística y, fundamentalmente, toda una declaración de intenciones: el inmigrante, en este caso transfronterizo, es el culpable del incremento de la delincuencia en nuestro país, y ello a pesar de la “brillante gestión” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo su mando.

Una vez más, en este caso desde los responsables de un gobierno, supuestamente de izquierdas, se transmite el mensaje de que la culpa del incremento de la delincuencia es del inmigrante. Pero especialmente peligroso en Ceuta, en donde, también una vez más, se transmite el mensaje al resto del país de que, a pesar de la triple valla, nuestra especial situación sólo nos ocasiona problemas delictivos. ¿Estamos ante un caso de racismo institucional?, ¿o quizás ante una alarma social provocada para justificar actos políticos posteriores?.

Olvida el delegado que en el resto de Comunidades y provincias de nuestro país también existe población flotante, delincuentes que van y vienen, así como altos porcentajes de inmigración irregular, que tampoco cuentan entre la población a la hora de calcular las tasas de delitos. Pero esto sería lo de menos. El asunto está en analizar de qué datos saca el delegado esta conclusión: ¿Acaso del total de delitos esclarecidos, que apenas llegan al 50%?, ¿del total de detenidos?, ¿de los informes del espionaje militar, que parece ser que sólo espía a los civiles?. De esto no nos informa. Todo un delegado del Gobierno, que acusa a la población marroquí que a diario cruza nuestra frontera para trabajar o para comprar mercancía para revender, y así poder sobrevivir, de ser la causante del 35% de nuestros delitos, pero no nos dice en qué se basa para llegar a dicha conclusión. Un ejemplo de irresponsabilidad política.

En un análisis de los rasgos de la delincuencia en la España del siglo XXI del profesor Díez Ripollés (esperemos que no sea también otro de los que no son del agrado del flamante Ministro de Justicia) en la Revista del Poder Judicial nº 78 de 2005, nos destaca que “la atención que los medios de información prestan a la criminalidad en los últimos años, y la preocupación que ello suscita entre la ciudadanía, no se corresponde con la efectiva evolución de la delincuencia en nuestro país”.

El problema es que esta atención de los medios de comunicación a las tasas de delincuencia está fomentada por políticos irresponsables que, lejos de buscar una información veraz, lo que pretenden es destacar sus supuestas virtudes como gestores de la cosa pública y, sobre todo, intentar demostrar la bondad de sus políticas frente a las de sus oponentes.

Y digo yo, ¿no habíamos quedado que la seguridad ciudadana y el terrorismo no debían ser materia electoral?. Maquiavelo, por supuesto, lo hacía mejor, o al menos no se le notaba tanto.


 

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